Es deber de la clase política, que adquiere su poder con el voto de sus representados, mejorar la calidad de vida de la sociedad sobre la cual gobierna. Ese poder le da la potestad de de controlar y moderar los abusos hechos por empresas de servicios a sus clientes. En especial la atención y respeto a los clientes. Este no es el caso de la empresa Litoral Gas, empresa prestadora del servicio de distribución del gas natural en la provincia de Santa Fé.
Desde el accidente ocurrido en agosto de 2013, la empresa de controles laxos a ser una verdadera sucursal de la Gestapo con acciones autoritarios e inhumanas a sus clientes. Dentro de las cuales está el corte de servicio por el sólo hecho de sospecha de fuga de gas. Peor resulta si la instalación es mayor a 20 años, como sucede a edificios enteros que deben gastar fortunas en reacondicionar la instalación, y peor aún soportar mas de un año sin el servicio con personas mayores en épocas de frío donde no pueden acceder a una ducha caliente.
También corre la misma suerte los usuarios de viviendas, tal como me ha ocurrido. Ante una leve perdida del flexible externo me fue cortado el suministro, en una semana donde las temperaturas fueron invernales, y rehabilitarlo cuesta del orden de los 295 u$ (lo pongo en dólares para que sea una referencia acorde)
Yo me pregunto: que intereses tiene la clase política gobernante en la empresa para no limitar los abusos y deja desprotegido a los usuarios? Se merecen perder las elecciones como le sucedió en las PASO. Es todo una vergüenza la inacción del estado provincial.
